En una apretada votación, el Senado aprobó ayer la minuta que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en el que todos los dueños de celulares en México, estarán obligados a darse de alta y registrar sus datos biométricos, como son huellas dactilares y reconocimiento facial y del iris, o de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados.

Pese a las más de 30 reservas presentadas por la oposición, la minuta se aprobó sin cambios y fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación.

PAN, PRI, PRD y MC anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que violenta garantías fundamentales de los mexicanos, además de poner en riesgo su seguridad.

La senadora de Morena Jesusa Rodríguez votó en contra de esa minuta que, según expusieron en tribuna senadores de oposición, es una réplica del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que se puso en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón y debió clausurarse dos años después, porque tuvo efectos contraproducentes.

“Nos vemos en la Corte”

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Lucy Meza, comentó que con la reforma se busca reducir los delitos de extorsión y secuestro que dejan ganancias a la delincuencia organizada por 12 mil millones de pesos anuales.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, el priísta Manuel Añorve, el único opositor que avaló la minuta, señaló que en el país hay 122 millones de líneas de telefonía móvil y 85 por ciento es de prepago, lo que propicia el accionar del crimen organizado.

Sin embargo, a nombre del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu, resaltó que la propuesta de crear el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil es autoritaria e innecesaria, similar a la del Renave, que en lugar de reducir, incrementó en 40 por ciento el delito de extorsión, e incentivó otros ilícitos, como el robo de identidad, de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM.

La nueva propuesta, dijo, violenta la presunción de inocencia y deja en total indefensión a los ciudadanos, ya que las autoridades presumen culpable de cualquier delito cometido con la línea registrada a su nombre.

El coordinador de Morena, Miguel Ángel Mancera, advirtió que el padrón es un “coctel” de violaciones a la Constitución, una suma de afectaciones a diversas garantías, por lo que habrá acciones de inconstitucionalidad, y juicios de amparo de muchos usuarios, porque hay retroactividad de la ley, ¿cómo te van a obligar retroactivamente a que te registres?, o en 30 días te van a cancelar la línea”, recalcó.

Los panistas Damián Zepeda y Julen Rementería hicieron notar que el propio Institituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no está de acuerdo con la facultad de manejar ese registro y que ni siquiera se le han asignado los recursos para esa nueva tarea, que tan sólo en el primer año requiere 120 millones de pesos. “Nos vemos en la Corte”, advirtieron.

Cada día de 2021 se han registrado en promedio 20 denuncias por extorsión en México; nueve de cada 10 se realizan vía telefónica, de acuerdo con las encuestas de victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien hay una tendencia a la baja respecto a los 24 reportes diarios que se registraron en 2019, la persistencia de este ilícito es el argumento central para revivir el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).

Ambos coinciden en que es medular la violación del principio de inocencia con la iniciativa, pues se investigará a la persona vinculada a la línea telefónica desde la que se cometió el delito, obviando que los delincuentes no registrarán su información ni darán sus datos personales e incluso suplantarán identidades para extorsionar. Hasta ahora, para que las autoridades puedan tener información de los usuarios, se requiere una orden judicial por una investigación en curso. “Claramente hay delincuentes y eso lo sabemos”, pero no se puede regular todo el servicio a partir de un universo delictivo que es muy corto, dijo Ana de Saracho O’Brien, consejera de la sección X de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti).

Fuente: La Jornada