El #MadrugueteAInternet ha causado gran revuelo en México al ser orquestado desde el Senado, debido a 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones, que avalaron una reforma al artículo 215 y la adición al artículo 213 BIS de la Ley Federal de Derechos Autor (LDA).


Según la organización R3D esto es anticonstitucional y atenta contra la libertad de expresión en internet, cosa que sospechabamos sucedería desde el fin de la neutralidad de la red; ahora se introducen las “medidas precautorias”, que pueden ser ordenadas por tribunales cuando haya sospecha o riesgo de una violación a DA.

De esta manera, sin que se haya demostrado en un juicio tal violación, la  reforma permite que un tribunal pueda ordenar que una comunicación pública, como los contenidos en la red, un video, un post e incluso un comentario, sea suspendida o que los servidores, enrutadores y computadoras utilizados para su difusión sean asegurados, sin que sea necesario demostrar la violación.


Además, los cambios aprobados configuran una medida de censura previa, violatoria del artículo séptimo de la Constitución, por lo que diversas organizaciones buscarán combatirla a través de un juicio de amparo e impulsando acciones de inconstitucionalidad con legisladores del Congreso o de la CNDH.

Se destaca una sospecha sobre el proceso legislativo irregular para su aprobación impulsado por el PRI-PVEM, y por personajes como Javier Lozano y Ernesto Cordero. Lozano defendió las reformas -que ya fueron enviadas al Ejecutivo-, porque, dice, dan protección a los derechos de autores, artistas intérpretes o ejecutantes.


Sin embargo, expertos afirman que lo aprobado beneficia a monopolios de la cultura, sobre todo extranjeros, y que los cambios legales avanzaron sin la participación de la sociedad civil, y sin considerar que la SCJN afirma que cualquier tipo de medida precautoria en internet para proteger DA es violatoria.

Esta tormenta continuará porque la aprobación del proyecto vulnera derechos fundamentales como la libre manifestación de ideas, de imprenta, de ejercicio del comercio, tanto a proveedores de acceso a internet como de contenidos y aplicaciones al establecerse medidas que afectarán gravemente su operación, sin que se haya demostrado que han infringido DA.